Los datos: un recurso estratégico que Chile no puede descuidar

¿Qué es un dato? A primera vista, podría parecer algo mínimo: un número, un nombre, una dirección, una huella digital en una transacción o un clic en internet. Sin embargo, en conjunto, los datos son una representación codificada de la identidad, y reflejan nuestra conducta y nuestras decisiones personales, motivo por el cual constituyen un bien jurídico protegido. En el siglo XXI, los datos son lo que fue el petróleo en el XX: una materia prima de importancia estratégica, motor de innovación, gestor de modelos de negocios y de las nuevas estructuras de poder. Pero, a la vez, pueden convertirse en fuente de riesgo sistémico si no se gobierna adecuadamente.

En Chile, donde aspiramos a ser líderes en transformación digital, inteligencia artificial y servicios tecnológicos, la protección y la correcta gestión de los datos se han convertido en el eje sobre el cual se juega la competitividad futura. La calidad de nuestras políticas y prácticas en materia de datos y su seguridad afectará desde la confianza en los servicios o en el comercio electrónico, pasando por la competitividad de industrias tan relevantes para Chile, como la minera, la energética, el transporte, entre otros, hasta la credibilidad de instituciones públicas, la sostenibilidad de la democracia.

En este contexto, no puede verse a la nueva Ley Nº 21.719 sobre Protección de Datos Personales, como una norma aislada, sino que es imperativo aplicarla e implementarla de manera coordinada con las normas de ciberseguridad, gobierno corporativo y responsabilidad penal corporativa -como las leyes 21.663, 21.595 y 20.393, entre otras- que conforan la nueva arquitectura del cumplimiento tecnológico chileno. Esta nueva ley, que busca alinearse con estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, incorpora conceptos y obligaciones más robustas:

• Consentimiento informado y explícito como base para el uso de datos.

• Derecho al olvido y portabilidad, dando a las personas control real sobre su información.

• Obligaciones de reporte y transparencia para las organizaciones que recopilen y procesen datos.

• Multas significativas por incumplimiento, que ya no serán simbólicas, sino que podrán impactar seriamente en la sostenibilidad de una empresa.

  
  

El alcance de esta ley es transversal. Más de un millón de empresas registradas ante el SII estarán obligadas a cumplirla, frente a un 1% de entidades cubiertas por la Ley de Ciberseguridad. Ello significa que ningún sector —ni la gran minería, ni el comercio minorista, ni los municipios— podrá permanecer al margen. Los responsables del tratamiento de datos deberán implementar políticas de privacidad auditables, matrices de riesgo, evaluaciones de impacto, canales de ejercicio de derechos, registros de actividades y protocolos de respuesta a incidentes. La falta de preparación puede acarrear no sólo sanciones, sino pérdida de reputación y confianza pública.

La discusión sobre la protección de datos, entonces, debe instalarse como un movilizador de relevancia nacional, pues se trata de una norma mundialmente pionera que busca cambiar las culturas organizacionales, estableciendo nuevas formas de gobernanza digital basadas en la honestidad e integridad digital como base para la confianza. Porque en un escenario de hiperconectividad, dominado por algoritmos y decisiones automatizadas, la confianza se convierte en el bien más escaso. Y esa confianza sólo se construye con cumplimiento proactivo y verificable, transparencia y coherencia entre el discurso y la práctica.

Chile tiene la oportunidad histórica de liderar un proceso de consolidación digital con los ojos del mundo puestos en él. La protección de datos y su adecuada gobernanza, se convierte, pues, en la piedra angular de la economía digital, que ante todo, debe ser honesta, confiable y sostenible.

En este escenario, es imperativo situar a los datos en su verdadera dimensión como recurso nacional crítico. Las organizaciones que comprendan esta dimensión y se preparen para cumplir cabalmente con la nueva normativa, serán las que liderarán la transición hacia una cultura de cumplimiento tecnológico avanzado, basada en la ética, la trazabilidad y la responsabilidad verificable. No basta con saber qué dice la ley, pues el desafío es en realidad, implementarla integralmente.